En línea con su política de desburocratización de la economía, el Gobierno nacional anunció la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (Cibu), una normativa que había estado vigente durante más de 30 años y que obligaba a tramitar autorizaciones para poder ingresar maquinaria usada al país.

A partir de ahora, la importación de bienes de capital usados será automática, sin necesidad de gestionar permisos ni intervención estatal. La decisión se formalizará a través de un decreto, y apunta directamente a facilitar el acceso a tecnología por parte de sectores que no pueden costear equipamiento nuevo, pero que necesitan modernizarse para seguir siendo competitivos.

Una traba menos para la inversión productiva

Según datos oficiales, en 2024 se habían presentado más de 1.500 solicitudes de CIBU, cada una de las cuales debía pasar por un proceso de evaluación para determinar si existía producción nacional equivalente. Esa mecánica generaba demoras, trabas administrativas e incluso inversiones frustradas, afectando principalmente a sectores productivos que buscaban renovar sus equipos.

Con esta modificación, sectores clave como la industria, el agro, la minería, el petróleo y el gas podrán agilizar sus procesos de incorporación tecnológica, reducir costos y acelerar proyectos.

El Ministerio de Economía también remarcó que se eliminarán prohibiciones específicas que hasta ahora afectaban a actividades como la industria gráfica, la metalmecánica o el sector automotriz.

Fin de una lógica proteccionista

La medida se alinea con el Decreto 70/2023, que establece la prohibición de aplicar restricciones a las importaciones basadas en criterios económicos. Bajo el esquema anterior, si existía un productor local –aunque no ofreciera la misma tecnología ni escala– se bloqueaba el ingreso de maquinaria usada, lo que para el Gobierno generaba una protección artificial de ineficiencias y atentaba contra la competitividad.

Desde el Ejecutivo explican que esta resolución es parte de un nuevo marco proinversión, donde el Estado deja de ser un obstáculo para convertirse en facilitador de oportunidades.

En un escenario de restricciones presupuestarias, la posibilidad de adquirir maquinaria usada de forma simplificada dinamiza la producción y puede convertirse en un motor real para la recuperación de sectores estratégicos.