La Unión Industrial de Córdoba (UIC) manifestó su «profunda preocupación» por la crisis energética que atraviesa el sector productivo y advirtió que las restricciones en el suministro de gas están afectando el funcionamiento de las industrias en uno de los períodos de mayor demanda del año.

A través de un comunicado, la entidad sostuvo que los cortes e interrupciones alcanzan incluso a contratos firmes y semifirmes, generando consecuencias directas sobre la producción y la capacidad operativa de las empresas.

«No es una incomodidad administrativa»

Desde la UIC remarcaron que el problema trasciende lo operativo y ya tiene impacto económico concreto.

Según expresaron, las interrupciones obligan a numerosas industrias a reducir el ritmo de producción, reorganizar procesos internos, modificar cronogramas de entrega o afrontar costos extraordinarios para mantener la actividad.

«No estamos hablando de una incomodidad administrativa: estamos hablando de plantas que deben reducir actividad, reorganizar procesos, incumplir programas de entrega o asumir costos extraordinarios para seguir funcionando«, señalaron desde la entidad.

El mayor impacto recae sobre las pymes

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la complejidad que enfrentan las empresas para garantizar su abastecimiento energético.

La UIC sostuvo que las industrias no pueden convertirse de un día para otro en especialistas en licitaciones de gas natural licuado (GNL), contratos energéticos, penalidades y mecanismos alternativos de abastecimiento dentro de un mercado altamente técnico y regulado.

En ese sentido, advirtió que las pequeñas y medianas empresas son las más expuestas, ya que carecen de la estructura necesaria para resolver individualmente una problemática que consideran de carácter sistémico.

Más costos y menor competitividad

El comunicado también pone el foco en las consecuencias económicas de la crisis energética.

La entidad explicó que cada interrupción del suministro obliga a reemplazar el gas por fuentes alternativas considerablemente más costosas, incrementando los costos de producción.

Según la UIC, ese sobrecosto termina trasladándose a toda la cadena de valor, afectando la competitividad de las empresas, ejerciendo presión sobre los precios y sumando incertidumbre sobre el empleo.

«En una economía que necesita bajar la inflación y recuperar actividad, energía incierta y cara es exactamente lo contrario de lo que el país necesita«, afirmó la organización.

Reclamo por mayor transparencia

Otro de los aspectos cuestionados es la falta de información sobre el funcionamiento del sistema energético.

La UIC denunció la existencia de asimetrías en el acceso a la información, criterios poco claros para aplicar las restricciones y escasa certeza sobre la disponibilidad real de gas.

Para la entidad, esa situación genera un escenario donde prevalece la capacidad de negociación de algunos actores por sobre reglas transparentes y previsibles.

«El mercado queda librado a una lógica de ley de la jungla, donde prevalece quien tiene mayor capacidad de negociación, en lugar de un sistema transparente y equitativo«, advirtió.

El pedido al Estado

Frente a este escenario, la Unión Industrial de Córdoba reclamó una mayor intervención del Estado para ordenar el sistema energético y garantizar condiciones previsibles para la producción.

«La energía debe ser una condición para producir, no un obstáculo que paralice a quienes generan empleo», concluye el comunicado, que insiste en que garantizar un abastecimiento confiable resulta indispensable para sostener la actividad industrial y la competitividad de la economía.