El sector agropecuario de la Provincia de Córdoba es considerado uno de los principales motores de la economía local.
Por eso, es relevante poder conocer el valor, distribución espacial y comportamiento del mercado de arrendamientos agrícolas.
Todo esto se encuentra en el nuevo mapa interactivo que presentó IDECOR (Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Córdoba) junto al Centro de Estudios Territoriales, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN), Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Se trata de la versión más actualizada de un estudio que no tiene antecedentes en el país.
Brinda información clave para la toma de decisiones de producción o inversión, la asignación de recursos financieros de manera eficiente y la implementación de políticas públicas.
Allí se informa el Valor Unitario de Arrendamiento agrícola (VUA) 2022, que aplicó a la campaña 2022-23, medido en quintales de soja por hectárea (qq-soja/ha), para una unidad espacial de 25 ha (grilla regular de 500 m por 500 m), a lo largo de toda el área cultivada de la provincia.
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En términos departamentales, los VUA más altos de la provincia se ubican en Marcos Juárez, con un promedio de 13 qq-soja/ha, aunque con una variación intra-departamental de 7 a 19 qq-soja/ha.
Los valores más bajos se ubican en los departamentos San Alberto, San Javier, Pocho, Minas y Cruz del Eje, con un VUA promedio de 5 qq-soja/ha.
En el Informe de Valor de Arrendamientos Agrícolas 2022-2023 se destaca que a nivel agregado, esta información posibilita disminuir la incertidumbre respecto a los valores de alquiler estimados, además de los costos de información y transacción asociados a la operación inmobiliaria.
Así, “otorgará mayor transparencia al mercado y, en consecuencia, permitirá mejorar la competitividad y el acceso a la información del sector”.
“También permite a propietarios e inversores conocer la rentabilidad del suelo y el costo de oportunidad que conlleva; y a los arrendatarios, posibilitará calcular los márgenes brutos asociados”, apuntan.
Esta información, indicaron, resulta indispensable “a los hacedores de política pública, a la hora de diseñar e implementar medidas fiscales, tributarias y agropecuarias”.
