Una decena de gobiernos provinciales rechazaron el pago del bono de $60.000 anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa.

A esto, se sumó también la negativa del Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6), que está integrado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, la Cámara Argentina de la Construcción – Delegación Córdoba, la Federación Comercial de Córdoba y la Unión Industrial de Córdoba.

“El conjunto de pequeñas, medianas y grandes empresas rechazan de plano la iniciativa oficial de un bono salarial a aplicar en los meses de agosto y setiembre”, inicia el comunicado oficial.

En ese sentido, “solicitan firmemente dar marcha atrás con el anuncio y abstenerse de generar dicha obligación”.

“Ante una economía en profunda crisis, intervenciones de esta naturaleza generan múltiples problemas que deprimen aún más la ya castigada actividad productiva. Esta política económica destruye el salario, el que de ninguna manera se recupera con estas iniciativas si no con la implementación de las políticas adecuadas”, criticaron.

A su vez, plantean que “las distorsiones que produce son múltiples”. Y enumeraron: “Primero, el Estado nacional toma decisiones que son de órbita estricta de los privados, fijando de manera arbitraria el monto, la oportunidad y la razón de esos adelantos salariales”.

“Por otra parte, desvirtúa la herramienta de determinación de los salarios sector por sector, que son propios del dinamismo y características de cada actividad y región del país”, agregaron desde el G6.

“Las empresas venimos realizando múltiples esfuerzos para sostener la actividad y el empleo y en acompañar a nuestros trabajadores en los impactos que les genera día a día la inflación. Las actualizaciones salariales están siendo pactadas en paritarias entre el sector sindical y el empresario y cumpliéndose en todos sus alcances”, subraya el contundente comunicado.

Por último, plantearon que “creemos urgente que las decisiones de política pública estén orientadas hoy a los problemas de fondo, íntimamente vinculados al déficit fiscal y se abstengan de tomar medidas sin previa consulta o consenso, más aún habiendo un proceso eleccionario en marcha”.