La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Córdoba aplicó multas por más de $386 millones a bancos, billeteras virtuales y empresas vinculadas a medios de pago tras comprobar incumplimientos relacionados con la prevención de estafas digitales y la protección de los usuarios.
Las sanciones surgieron a partir de denuncias presentadas por consumidores cordobeses que fueron víctimas de estafas y ciberdelitos. Durante la investigación administrativa, el organismo determinó que distintas entidades no brindaron información adecuada a sus clientes ni garantizaron las condiciones de seguridad exigidas para operaciones realizadas por canales electrónicos.
Qué incumplimientos detectó Defensa del Consumidor
Según informó el organismo, las entidades sancionadas tampoco cumplieron con distintas disposiciones establecidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que obligan a contar con sistemas eficaces para detectar operaciones inusuales o sospechosas, realizar análisis integrales de riesgo e implementar barreras preventivas acordes a esos riesgos.
A esto se sumó otro incumplimiento: la falta de respuesta adecuada y oportuna a los reclamos de los usuarios afectados, una conducta que fue considerada una infracción al deber de brindar un trato digno y equitativo previsto en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
Qué entidades fueron sancionadas
Entre las empresas alcanzadas por las multas figuran Banco Galicia, Banco Macro, Banco Santander, Banco Supervielle, Prisma Medios de Pago (Visa) y Tarjeta Naranja, entre otras entidades financieras y plataformas de servicios de pago.
Además de las sanciones ya impuestas, Defensa del Consumidor inició una investigación de oficio que involucra a todos los bancos y billeteras virtuales que operan en Córdoba.
En ese marco, las entidades deberán presentar información sobre sus planes de mitigación de riesgos, los mecanismos que utilizan para detectar fraudes, sus análisis de riesgo actualizados y las medidas de seguridad implementadas para proteger a los usuarios, especialmente ante el crecimiento de las denuncias por estafas virtuales.
La seguridad es una obligación legal de las entidades
Desde el organismo recordaron que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece el deber de los proveedores de garantizar la seguridad de los consumidores y proteger sus intereses económicos, obligación que también está contemplada en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
En ese sentido, remarcaron que las entidades financieras tienen la responsabilidad de adoptar mecanismos eficaces para prevenir fraudes y reducir los riesgos asociados a las operaciones digitales.
Las recomendaciones para evitar estafas
Aunque la seguridad de las operaciones corresponde legalmente a los proveedores, Defensa del Consumidor recomendó a los usuarios reforzar las medidas de prevención.
Entre las principales sugerencias figuran no compartir contraseñas, códigos SMS ni tokens de seguridad, evitar realizar operaciones guiadas por llamadas o videollamadas de desconocidos, no ingresar a enlaces sospechosos recibidos por correo electrónico o mensajería y nunca ceder el control del teléfono o de aplicaciones como WhatsApp por indicación de terceros.
Ante consultas o sospechas de fraude, los consumidores pueden realizar reclamos ante la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, tanto de manera presencial como a través de sus canales digitales.
