La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su rechazo a las reformas tributarias recomendadas recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para Argentina y reclamó avanzar en una transformación profunda del sistema impositivo subnacional.

La entidad sostuvo que las medidas sugeridas por el organismo internacional apuntan a ampliar la base del Impuesto a las Ganancias, extender el alcance del IVA y modificar el régimen del Monotributo, trasladando la carga fiscal hacia trabajadores, pequeños contribuyentes y consumidores.

Según CAME, estas iniciativas tienen un carácter regresivo porque reducen el poder adquisitivo de los asalariados, encarecen la formalidad y no abordan los tributos que, a su criterio, representan las mayores distorsiones para la actividad económica.

El foco puesto en Ingresos Brutos y las tasas municipales

Desde la entidad señalaron que el verdadero problema tributario argentino se encuentra en el sistema fiscal provincial y municipal.

En particular, apuntaron contra el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y las distintas tasas municipales que gravan la actividad económica independientemente de la rentabilidad de las empresas.

Según explicó CAME, estos tributos representan entre un 2% y un 6% de las ventas brutas de una compañía y generan un efecto cascada que incrementa los costos en cada etapa de producción y comercialización.

A esto se suma el impacto de las tasas municipales, como las de Seguridad e Higiene, habilitación comercial y otras contribuciones que, según la entidad, pueden representar entre un 0,3% y un 1,2% adicional sobre las ventas.

El reclamo por los saldos a favor

Uno de los puntos más cuestionados por CAME es el funcionamiento de los regímenes de retenciones y percepciones provinciales.

La entidad explicó que las empresas suelen sufrir descuentos anticipados que, en muchos casos, superan el monto real que deberían tributar.

Como consecuencia, se generan saldos a favor que luego resultan difíciles de recuperar.

Según el comunicado, los mecanismos de devolución suelen demorar entre 12 y 36 meses, provocando una pérdida significativa de valor por efecto de la inflación y afectando el capital de trabajo de las compañías.

Para CAME, este esquema termina funcionando como un financiamiento involuntario de las empresas hacia los fiscos provinciales.

La propuesta de un nuevo consenso fiscal

Frente a este escenario, la entidad propuso la convocatoria urgente de un Nuevo Consenso Fiscal entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios.

El objetivo sería avanzar en una reforma estructural que armonice criterios tributarios, simplifique los sistemas de retención y percepción y establezca reglas comunes para la devolución de saldos a favor.

Además, CAME planteó que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos deje de aplicarse en las etapas intermedias de producción y se concentre únicamente en la venta final al consumidor, eliminando así el efecto cascada que hoy impacta sobre los costos.

Un debate sobre competitividad e inversión

La entidad sostuvo que incrementar la carga tributaria sobre los salarios y el consumo no contribuirá a generar empleo, reducir la informalidad ni mejorar la competitividad de las empresas.

Por el contrario, advirtió que una mayor presión sobre los ingresos de los trabajadores podría afectar la demanda interna y profundizar las dificultades para el sector productivo.

Por eso, insistió en que la discusión tributaria debe centrarse en los impuestos provinciales y municipales que, según su diagnóstico, constituyen uno de los principales frenos para la inversión, el crecimiento y la generación de empleo formal en Argentina