En un contexto marcado por el avance del contrabando, la venta informal y la comercialización de productos sin trazabilidad en plataformas digitales, ingresó al Congreso un proyecto de ley que propone actualizar el marco regulatorio del comercio electrónico en la Argentina, con especial foco en la responsabilidad de los marketplaces y el control de bienes importados.

La iniciativa es observada con expectativa por las cámaras empresarias, que consideran que el debate representa un paso clave para enfrentar la competencia desleal y ordenar un ecosistema comercial que creció más rápido que su regulación.

Más controles y responsabilidad solidaria para las plataformas

El proyecto fue presentado por los diputados de Guillermo Michel y Raquel Kelly Olmos, de Unión por la Patria, y apunta a cerrar vacíos normativos de la Ley de Defensa del Consumidor frente al crecimiento sostenido del e-commerce.

Uno de los ejes centrales es el endurecimiento de la responsabilidad de los marketplaces, que pasarán a responder de manera solidaria con los vendedores ante incumplimientos contractuales, infracciones comerciales, irregularidades aduaneras y, en determinados casos, por tributos aduaneros impagos cuando hayan habilitado operaciones irregulares.

De aprobarse la ley, las plataformas estarán obligadas a verificar la identidad, situación fiscal y domicilio legal de los vendedores, además de garantizar que cada publicación incluya información clara y completa: precio final, costos adicionales, condiciones de entrega, garantía y medios de pago.

Importaciones bajo la lupa

En el caso de productos importados, el proyecto exige que las plataformas soliciten y conserven documentación que acredite el legítimo ingreso de la mercadería al país, como despachos de importación o documentación aduanera habilitante.

Si esa información no está disponible, la operación no podrá concretarse, incorporando así un criterio de trazabilidad obligatorio para las ventas online de bienes importados.

La Secretaría de Industria y Comercio será la autoridad de aplicación, con facultades para aplicar sanciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, el régimen de Lealtad Comercial y el Código Aduanero.

El respaldo de las cámaras empresarias

Desde la CAME, el director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad, Fabián Hryniewicz, destacó que el proyecto “es muy bienvenido porque era hora de empezar a poner límites a plataformas que compiten de manera desleal con el comerciante de proximidad, que tributa y genera empleo”.

En la misma línea se expresó Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, quien afirmó que se valora toda iniciativa que busque combatir la informalidad, la competencia desleal y el ingreso irregular de mercaderías, por su impacto directo sobre el empleo formal y la recaudación.

Ambas entidades vienen alertando sobre el crecimiento de circuitos comerciales que eluden controles aduaneros, fiscales y sanitarios, una problemática que se profundizó con el auge de las ventas digitales.

Desregulación, pero con reglas claras

Grinman valoró las políticas de apertura comercial, desregulación y modernización del comercio, aunque remarcó que deben darse “en un marco de legalidad, transparencia y reglas claras para todos los actores”.

“El libre comercio no puede confundirse con la tolerancia a prácticas ilegales que perjudican la competencia y desalientan la inversión”, sostuvo.

Hryniewicz coincidió en la necesidad de revisar desregulaciones, pero advirtió que “hay normativas que no pueden quedar al libre albedrío”, especialmente en la importación de mercadería, como la ropa usada, que además de afectar a la industria nacional puede representar un riesgo para la salud pública. “El volumen que se está importando es realmente alarmante”, señaló.

Un debate que recién empieza

Desde la CAC plantearon la necesidad de una discusión “seria y equilibrada” sobre los mecanismos más eficaces para enfrentar la comercialización de mercadería ingresada de manera irregular, incluyendo el rol central que hoy ocupan las plataformas digitales, sin caer en regulaciones que afecten la innovación y el dinamismo del sector.

En tanto, desde CAME adelantaron que buscarán que el proyecto no se limite al rubro indumentaria, sino que se extienda a otros sectores como ferretería, electricidad y electrónica.

“Reiteramos nuestra disposición a colaborar para promover la formalidad, fortalecer un comercio transparente y competitivo, y generar condiciones que favorezcan la inversión, el empleo y el crecimiento sostenido”, concluyó Grinman.