El Gobierno avanzó con una nueva etapa de desregulación en el sector comercial y derogó 71 normas que, según el Ministerio de Economía, “obstaculizaban y burocratizaban las relaciones de consumo”.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y se suma a las más de 170 derogaciones que ya había concretado la Secretaría de Comercio desde el inicio de la gestión.

El objetivo, indicaron, es “eliminar controles de precios abusivos, trámites sin utilidad y marcos legales en desuso”.

Ley de Abastecimiento: 27 normas menos

El paquete incluye 27 disposiciones complementarias a la Ley de Abastecimiento, eliminada a comienzos de la gestión con el DNU 70/23. Estas facultaban al Estado a fijar precios, márgenes de ganancia y niveles de producción en sectores clave.

Entre las normas derogadas se encuentran:

• Resolución 605/2020, que obligaba a empresas de insumos para la construcción a producir al máximo de su capacidad.
• Resoluciones 100/2020 y 1050/2021, que establecían precios máximos durante la pandemia de COVID-19.
• Resolución 25/2006, que regulaba la comercialización y distribución de gasoil.

Fin de las normativas del COPREC

Otro bloque corresponde al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), ya disuelto por considerarse superpuesto y burocrático. Se eliminaron 24 regulaciones que ordenaban su funcionamiento.

Entre ellas figuran:

• Resolución 48/2015, sobre criterios de admisión de reclamos.
• Resolución 480/2015, que fijaba honorarios a los conciliadores.
• Resolución 340/2021, que aprobaba el código de Buenas Prácticas Comerciales.
• Resolución 616/2020, que permitía a los consumidores elegir modalidad de audiencias.
• Resolución E 157/2017, que exigía ingresar reclamos por mesa de entradas.

Programas desarticulados

Las 20 normas restantes correspondían a programas discontinuados, como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas.

En este grupo se eliminaron, por ejemplo, las resoluciones que habilitaban convenios con municipios para fiscalizar el cumplimiento de Precios Justos: la 75/2022, la 118/2022 y la 12/2023.

Un marco más desburocratizado

Con esta resolución, el Gobierno considera que avanza en “un ordenamiento jurídico más claro, que elimina trabas burocráticas, fomenta la libre competencia y transparenta el comercio interno”.

Desde la Secretaría de Comercio remarcaron que la medida implica “dar de baja controles que ya no tenían sentido, al tiempo que simplifica la relación entre empresas y consumidores”.