El Gobierno nacional introdujo una profunda reforma al régimen de importación de maquinaria usada destinada a proyectos industriales.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 483/2026, publicado en el Boletín Oficial, y actualiza el esquema vigente desde 2016 para facilitar la incorporación de equipamiento productivo proveniente del exterior.

Según explicó el Ejecutivo, los cambios buscan reducir cargas administrativas, acelerar los procesos de aprobación y generar mejores condiciones para la inversión productiva.

Qué cambia para las empresas

Uno de los principales cambios es la ampliación del alcance del régimen.

A partir de ahora podrán importarse líneas completas de producción que incluyan maquinaria usada, siempre que formen parte de proyectos orientados a mejorar la competitividad y cuenten con la aprobación correspondiente.

También se incorporan expresamente los bienes complementarios y accesorios indispensables para el funcionamiento de esas líneas productivas.

La nueva normativa alcanza además a equipos utilizados para el tratamiento o eliminación de sustancias contaminantes del aire, el agua o el suelo cuando formen parte de plantas industriales o de generación de energía.

Luz verde para almacenes inteligentes

Otra de las novedades es la incorporación de equipamiento destinado a sistemas automatizados de almacenamiento.

Se trata de los denominados «almacenes inteligentes», integrados por maquinaria, tecnología y software capaces de gestionar automáticamente el movimiento y almacenamiento de productos.

La medida apunta a acompañar procesos de automatización y modernización logística cada vez más presentes en la industria.

Se amplía la antigüedad permitida

El decreto también flexibiliza los límites de antigüedad para los bienes importados.

Los equipos usados podrán tener hasta 20 años de fabricación.

En aquellos casos donde hayan sido reconstruidos o actualizados para extender su vida útil, el límite se amplía hasta 30 años.

Hasta ahora, las condiciones eran considerablemente más restrictivas para este tipo de equipamiento.

Menos exigencias para acceder al régimen

Otro cambio relevante es la reducción de los requisitos vinculados a la compra de bienes nacionales.

Las empresas beneficiarias deberán adquirir equipamiento nuevo de origen argentino por un monto equivalente al menos al 10% del valor FOB de la maquinaria importada.

Anteriormente, ese requisito alcanzaba el 30%, por lo que la modificación reduce significativamente el esfuerzo de inversión complementaria exigido.

La inversión podrá destinarse tanto a la línea de producción involucrada como a otras actividades de la empresa o incluso a proveedores directos vinculados con su operación.

Dictamen técnico y puesta en marcha

Las compañías que soliciten el beneficio deberán presentar un dictamen técnico elaborado por un organismo especializado, una universidad nacional o un profesional matriculado.

El informe deberá evaluar las características del proyecto y justificar la incorporación del equipamiento.

Además, los proyectos deberán ponerse en funcionamiento dentro del plazo de un año desde su aprobación, aunque la normativa contempla la posibilidad de otorgar prórrogas justificadas.

Trámites más ágiles

El decreto incorpora mecanismos para reducir tiempos administrativos y agilizar las gestiones.

Entre otras medidas, establece plazos específicos para la actuación de los organismos involucrados y mantiene la posibilidad de obtener una Constancia de Expediente en Trámite (CET) mientras se analiza la solicitud.

Ese documento permitirá avanzar con la importación mediante garantías aduaneras sin esperar la resolución definitiva del expediente.

Además, toda la gestión se canalizará a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) y será validada mediante el Sistema Informático Malvina (SIM).

Endurecen las sanciones

La flexibilización del régimen también viene acompañada por un esquema de controles más exigente.

El decreto prevé la ejecución total de las garantías cuando las empresas incumplan las inversiones comprometidas, no presenten la documentación requerida o utilicen de manera indebida los beneficios otorgados.

Además, quienes presenten información falsa o documentación irregular podrán quedar inhabilitados para acceder al régimen durante tres años.

La normativa también incorpora una sanción económica equivalente al 20% de los tributos que hubieran dejado de abonarse, además de los intereses y cargos correspondientes.

Una apuesta a la competitividad industrial

Desde el Gobierno sostienen que la actualización del régimen responde a la necesidad de adaptar las reglas a las nuevas demandas de la industria.

La incorporación de maquinaria usada de alta complejidad, sistemas automatizados y equipamiento para procesos ambientales aparece como una herramienta para acelerar inversiones, mejorar la productividad y facilitar la modernización tecnológica de las empresas.

Con esta reforma, la administración nacional busca reducir barreras para la incorporación de capital productivo y generar condiciones más favorables para el desarrollo industrial en un contexto de creciente competencia internacional.