Ante el aumento de denuncias por estafas, incumplimientos contractuales y sistemas de financiación irregulares, el Gobierno de Córdoba anunció un paquete de medidas destinadas a fortalecer la protección del consumidor en dos sectores sensibles: las viviendas industrializadas y la comercialización de vehículos usados.

Las disposiciones, publicadas esta semana en el Boletín Oficial, actualizan y modernizan los registros obligatorios de empresas constructoras de viviendas prefabricadas y de agencias de vehículos usados, y además crean el Consejo Provincial de Defensa del Consumidor.

Las normativas son impulsadas por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, junto con la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, y ya rigen en todo el territorio provincial.

Control preventivo y mayor transparencia

El eje central de la iniciativa es avanzar hacia un esquema de control preventivo, que permita revisar contratos, publicidades y documentación comercial antes de que las empresas operen en el mercado.

“La provincia está dando un paso fundamental para equilibrar la relación entre proveedores y consumidores. Nuestro objetivo es garantizar transacciones seguras y transparentes, y que el ciudadano tenga toda la información necesaria para elegir libremente”, afirmó el ministro de Producción, Pedro Dellarossa.

Viviendas industrializadas: inscripción obligatoria y revisión contractual

A través de la Resolución N° 101/2025, se actualizó el Registro de Empresas Constructoras de Viviendas Industrializadas (RECVI).

Todas las empresas que fabriquen, comercialicen o publiciten viviendas prefabricadas, industrializadas o sistemas de construcción en seco no tradicional deberán inscribirse en un plazo de 30 días.

Entre los requisitos, se exige información sobre solvencia, calidad de productos y, de manera central, la presentación de contratos, publicidades, remitos y documentación de vinculación con consumidores.

La Dirección General de Defensa del Consumidor revisará estos documentos para verificar su adecuación a la Ley Nacional N° 24.240. En caso de detectar cláusulas abusivas o incumplimientos, la inscripción podrá ser rechazada hasta que se realicen las correcciones correspondientes.

El registro será público, permitiendo a los consumidores verificar si una empresa está habilitada antes de contratar. Además, las firmas deberán exhibir sus datos identificatorios —razón social, CUIT y domicilio— en sitios web y redes sociales. El incumplimiento dará lugar a sanciones.

Vehículos usados: más seguridad en operaciones de alto valor

Mediante la Resolución N° 102/2025, se actualizó el Registro de Agencias de Vehículos Usados – Compra Segura (RAVUCS).

La inscripción será obligatoria dentro de los 90 días para todas las agencias y concesionarias que comercialicen vehículos usados, tanto automotores como motocicletas.

El objetivo es adaptar el registro a las problemáticas actuales del mercado, incorporando controles similares a los del sector de viviendas industrializadas.

Las agencias deberán presentar información sobre solvencia y documentación comercial, que será revisada previamente por la autoridad de aplicación.

También se establece la obligación de informar los datos identificatorios en todos los canales digitales y se prevén sanciones para quienes operen fuera del registro.

“El Estado deja de ser solo un organismo que responde a reclamos para convertirse en un actor de prevención activa”, explicó el director general de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Javier Arroyo. “Revisar la documentación antes de que las empresas operen permite proteger el patrimonio de las familias cordobesas desde el inicio”.

Un nuevo espacio de articulación institucional

Como complemento, se oficializó la creación del Consejo Provincial de Defensa del Consumidor (CO.PRO.DE.CO.), un ámbito de coordinación interinstitucional que integrará a organismos provinciales, municipios, asociaciones de consumidores, colegios profesionales, universidades y entes reguladores como el ERSeP.

Entre sus funciones se destacan la unificación de criterios en la aplicación de políticas públicas, la educación y difusión de derechos, y la promoción de oficinas locales de información al consumidor en toda la provincia.

Desde el Gobierno remarcaron que el funcionamiento del Consejo no implica costos adicionales para la Provincia ni para los municipios.

Con estas medidas, Córdoba consolida una estrategia integral de defensa del consumidor, con foco en la prevención, la transparencia y la coordinación institucional, en mercados donde están en juego operaciones de alto valor económico y el ahorro de miles de familias.