Escribe: Alexis Aguilar, economista.

Desde los sindicatos en Argentina han catalogado a esta reforma como una medida cercana al semiesclavismo ¿considera que es una medida que Protege al Empleador y precariza el trabajo?

Al hablar de la reforma laboral en argentina, tenemos que hablar de su mercado de trabajo.

El país ha mostrado históricamente dificultades para la creación de empleo productivo. Si analizamos los datos desde la década del 80, solamente entre 2002 y 2013 el empleo asalariado registrado, esto es el empleo formal y asociado a una mayor productividad, mostró una dinámica importante.

Sin embargo, las décadas anteriores y posteriores a esa etapa, el estancamiento, las fricciones que enfrento la economía para generar empleo de alta productividad fueron la norma.

La reforma en particular intenta generar un marco regulatorio más flexible, con mayor previsibilidad y con menores costos.

La dicotomía que se plantea si protege al empleador y precariza al trabajo, es simplista y fuera de la realidad, no es tal, sino que genera, provee incentivos para que un mercado de trabajo moderno funciones sin tantas fricciones y permita ampliar la formalidad en una economía donde el 47% del empleo es precario e informal.

Si los ingresos de un negocio, cualquiera sea su escala, y en particular, las Pequeñas y Medianas Empresas no cubren todos los costos, existen dos posibilidades: o no se inicia el proyecto de inversión o cierra, o por otra parte el negocio tratara de evadir la mayor parte de los mismos, mediante una ingeniería contable y legal, dando como resultado la realidad laboral actual del país: trabajadores en negro y con relaciones laborales no tan claras.

¿Considera que la reforma de Milei es un movimiento efectivo para que Argentina regrese a los mercados internacionales?

Argentina ya está ingresando a los mercados internacionales, no solo con la implementación de esta Reforma sino con múltiples medidas de Política Económica y Comercial. En particular, el proyecto del Ejecutivo Nacional apunta a definir en forma más precisa conceptos que hoy quedan librados a la discrecionalidad judicial, tales como qué conceptos son remunerativos y cuáles no, por ejemplo cual es la base de la indemnización, cuáles son los plazos de prescripción, y además, mantiene el beneficio de litigar sin gastos para los trabajadores, pero los limita en los casos en que las demandas son consideren excesivas, motivos que generan inviabilidad de numerosos proyectos productivos.

Generar previsibilidad en materia contractual claro que es una política mas para regresar a los mercados internacionales, pero principalmente dinamizar la economía en el plano interno. Otros elementos de la reforma propuesta es que avanza sobre el poder sindical: se restringe la ultraactividad, los convenios de empresa prevalecen sobre los sectoriales, amplía la lista de servicios esenciales/trascendentales, fijando pisos de cobertura en situaciones de huelga, y endurecen sanciones por bloqueos/tomas, que paralizan el dinamismo y generan perjuicios a sectores generadores de empleos.

¿Qué tanto puede cambiar la relación entre el Ejecutivo y los sindicatos ahora que sus intereses – de parte de la defensa de los trabajadores- no están siendo cubiertos?

Tu pregunta remite al terreno estrictamente político y no al económico. En este sentido la relación entre el Ejecutivo y los sindicatos va a seguir tensa. El proyecto con numerosos cambios al original, salió esta madrugada en el Senado. Hay que remarcar que el Ejecutivo aceptó 28 modificaciones al proyecto luego de negociaciones no solo con sindicatos, sino con gobernadores y cámaras empresariales.

En la negociación con los gobernadores, el punto más sensible fue el impacto fiscal. Las provincias advirtieron que el capítulo tributario implicaba una caída de $1,9 billones en fondos coparticipables, obligando al Ejecutivo a eliminar el artículo que reducía del 30% al 27% la alícuota del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas.

El oficialismo también cedió con la CGT en aspectos claves vinculados a la denominada «caja sindical», manteniendo por dos años el aporte solidario a los gremios, aunque con un tope del 2% (hoy algunos sindicatos cobran hasta 4%). Además, no pudo avanzar en la rebaja de cargas patronales para obras sociales, que seguirán en 6% y no bajarán al 5% como proponía el proyecto original. Las empresas continuarán siendo agentes de retención de las cuotas sindicales.

¿Qué tanto puede influir el kirchnerismo en los intentos para bloquear el proyecto de reforma laboral?

Respecto a esto, tenes que tener en cuenta que el oficialismo no tiene mayorías propias, pero el senado donde el kirchnerismo es fuerte en términos de representación, la reforma ya salió aprobada con los cambios anteriormente señalados. Su estrategia discursiva junto a la CGT ahora será señalarla como una reforma “anti trabajador” como lo plantea implícitamente tu primera pregunta. Sin embargo, hay un consenso con varios matices, pero amplio, de avanzar en reformas en el mercado de trabajo argentino, donde los trabajadores informales crecieron sostenidamente y la dificultad de crear trabajo formal en el país. Con el visto bueno del Senado, el Ejecutivo ya maniobra para que la normativa laboral supere sin mayores cambios su aprobación por Diputados, donde manifiesta apoyos ya cerrados. Sectores aliados al gobierno manifiestan públicamente la necesidad de insertarse nuevamente en el mercado internacional, generar menor conflictividad laboral y mayor previsibilidad en la relación empleado y empleador.

¿Cuál es su pronostico en caso de que se llegue a aprobar completamente la reforma laboral en cuanto a los derechos de los trabajadores?

Desde una mirada técnica general, la reforma en el corto plazo, reducirá la litigiosidad, otorgará mayor previsibilidad a los costos laborales y promoverá la formalización del empleo. Sin embargo, el verdadero alcance de la reforma no dependerá únicamente de su aprobación final, sino de la interpretación que adopten los tribunales laborales. Respecto a los derechos de los trabajadores hoy tenemos una legislación laboral que regula al asalariado formal en relación de dependencia en el sector privado y les da poder y “caja” a los gremios, con el costo de excluir de una ocupación de esas características a amplios sectores de argentinos. La reforma no cambia la indemnización que tiene el empleado hasta hoy, si modifica para el futuro clarificando los temas para que exista menos litigios judiciales. También instaura un fondo de cese laboral obligatorio que implica un ahorro que hará el empleador para tener recursos para enfrentar una posible indemnización.

La informalidad afecta principalmente (en un 90%) a las micro y pequeñas empresas que son por su tamaño, productividad y facturación las que no pueden o evitan registrar a la mayoría de sus trabajadores. En definitiva, la reforma apunta a un nuevo equilibrio entre competitividad económica donde la ampliación de derechos no dependa solo de la rigidez normativa, sino de la capacidad de un sistema económico para generar empleo formal y estable, logrando mayor cobertura eliminado factores que limitan la contratación y expansión del trabajo registrado.

Escribe: Alexis Aguilar, economista.