En línea con la política de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei, el Banco de la Nación Argentina avanza con una profunda reestructuración que ya incluyó el cierre de 60 sucursales en todo el país, como parte de su Plan Estratégico 2024-2027.

La medida fue anunciada como parte de una estrategia orientada a “optimizar el funcionamiento” de la entidad y lograr una reducción significativa de costos operativos.

Con estos cambios, la red de sucursales bajó de 769 a 709 puntos de atención, lo que permitió un ahorro acumulado de $139 millones. Si la tendencia se sostiene, desde el banco proyectan que podría alcanzar más de $836 millones hacia fines de 2025.

Cambios estructurales en marcha

El proceso está liderado por Daniel Tillard, actual presidente del Banco Nación, y contempla una reorganización integral que incluye:

• Fusión de áreas internas
• Redistribución de recursos humanos y físicos
• Enfoque renovado en la atención al cliente

Uno de los cambios más destacados es la transformación de los 45 Centros de Atención PyME, que dejarán de operar como oficinas físicas. En su lugar, los asesores comerciales comenzarán a atender a los clientes de forma descentralizada, visitándolos directamente.

Este nuevo esquema permitirá un ahorro de $30 millones mensuales en alquileres, lo que representaría unos $180 millones en lo que resta del año.

Menos gerencias, más eficiencia

Otra medida anunciada es la revisión del mapa de Gerencias Zonales, ahora rediseñado de acuerdo a los criterios socioeconómicos definidos por el INDEC.

Como resultado, el banco pasó de tener 33 a 29 gerencias zonales, con la intención de lograr una “distribución más balanceada” de los servicios y continuar con la reducción de costos.

Un modelo enfocado en la eficiencia

Desde la entidad sostienen que estos cambios forman parte de una adaptación al contexto actual, que busca recuperar niveles de eficiencia similares a los de 2015, sin dejar de lado la presencia estratégica en todo el país.

El rediseño del Banco Nación forma parte de un modelo de gestión que, según sus autoridades, pretende modernizar la atención al público, reducir gastos estructurales y mantener operativa una red optimizada de servicios financieros.